La futura Ley de Costas despierta tantas inquietudes como expectativas

La mesa redonda sobre la Nueva Ley de Costas fue el plato fuerte de la tercera y última sesión del módulo sobre el ‘Estado actual y perspectivas de futuro en la gestión del agua y sus recursos en el municipio de Chiclana de la Frontera’ en el marco de los XIV Cursos de Invierno de la UCA.
Javier Benavente, profesor de Dinámica Litoral de la UCA, José Luis Reyes, responsable de Costas de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y Juan Manuel García de Lomas, gerente del Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía, CTAQUA, debatieron sobre los aspectos más destacados y polémicos de la nueva normativa ‐aún en fase de aprobación‐ desde diferentes posicionamientos. Ejerció como moderadora la periodista Virginia Sánchez.
García de Lomas abrió el debate ofreciendo una valoración sobre la ley todavía en vigor, asegurando que el balance de su aplicación ha sido dispar, con ciertos aspectos positivos pero también negativos. Aún así aseguró que en el caso concreto del Parque Natural Bahía de Cádiz (PNBC) la repercusión ha sido muy negativa. En este sentido aseveró que la tutela ministerial de algunas de las salinas ha provocado daños de difícil recuperación y, en los peores casos, su total abandono. Con estos antecedentes, se posicionó a favor de la próxima ley, facilitadora ‐a su juicio‐ del desarrollo de la actividad salinera y acuícola. Las razones que argumentaba se sustentan en que los deslindes que propone la legislación en ciernes van a permitir a los antiguos titulares registrales de las salinas y esteros recuperar la propiedad. Aventuraba además que, con el fin de las disquisiciones judiciales sobre la propiedad, se abrirá una puerta a la llegada de nuevas inversiones y a la recuperación la actividad. Incluso en aquellos casos en los que la gestión se seguirá rigiendo por la vía concesional, la ampliación de las concesiones hasta los 75 años es otro aliciente para los beneficiarios de cara a los mismos fines.
No era tan optimista Javier Benavente, profesor de Dinámica Litoral de la UCA. En primer lugar, y para hacer una composición de lugar, aseguró que los principales problemas acarreados por la actual Ley de Costa han venido de la mano de una mala y dispar interpretación pero, por encima de ello, destacó por convertirse en una herramienta proteccionista en tiempos de boom inmobiliario.
Respecto a la nueva norma mostró especial preocupación por el establecimiento de los nuevos deslindes. A su juicio, si éstos se van a regir por la influencia de la máxima afectación de los temporales, la consecuencia inmediata será una zona de servidumbre muy reducida. En segunda instancia, en el momento en el que se construya donde hoy no se puede (aproximando los inmuebles aún más al mar) en apenas seis o siete años se van a registrar grandes desastres. Llegado el momento, cuando los daños se produzcan en instalaciones hoteleras o residenciales, Benavente aseguró que el coste lo vamos a asumir todos los ciudadanos, porque se considerarán por Ley catástrofes naturales. Desde una perspectiva más integradora aseguró que el
nuevo texto de la Ley de Costas supone una reversión en el camino de la senda anterior marcada por diferentes directivas europeas.
José Luis Reyes, responsable de Costas de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, señaló de partida que aún hay que ser cautos con el texto de la futura normativa. A este respecto especificó que, por lo pronto, ha pasado primera criba: el consejo de Ministros, pero todavía necesita su debate y aprobación por las Cortes. Por tanto son aventurados ciertos razonamientos que otorgan al borrador atribuciones de Ley ya aprobada, algo que se viene produciendo en el debate público.
De cualquier forma, sobre la redacción inicial, Reyes considera que existen varias lagunas. Entre las más polémicas, quizás, se encuentran las que respectan a la reducción del dominio público en el sentido que el texto revisa diferentes conceptos fundamentales. A su juicio interpretar la nueva legislación sin aclarar aspectos como, por ejemplo, la determinación del dominio público inundable puede ser tarea complicada. De igual forma la existencia de diez exclusiones sacadas del dominio público que establece la norma sin argumentación alguna puede causar un agravio comparativo de repercusiones legales de amplio calado, que propiciarán, casi con total seguridad, recursos de inconstitucionalidad. En este sentido, a su entender, se produce un abuso en la discrecionalidad De igual forma aludió a que las concesiones que, en la situación prevista pueden llegar a sumar periodos sucesivos de 30 y 75 años, ponen en evidencia una incompatibilidad del bien demanial con un uso privativo.
De otra parte, la total ausencia de criterios científicos para la redacción del texto es una de las cuestiones que causaba cierta alarma para Benavente. El efecto real de la nueva Ley de Costas lleva aparejado que se legisle en contra de los procesos naturales. En el texto no figura en ningún apartado la incidencia del cambio climático, ni el ascenso del nivel del mar, que hoy por hoy no son suposiciones sino hechos científicos constatables. En este sentido redundó que la Ley lleva implícita una socialización de los costes y una privatización de los servicios en perjuicio del uso público.
En el intercambio de intervenciones que siguió a las exposiciones iniciales los tres ponentes reforzaron sus posicionamientos con argumentos específicos e ilustrativos de la gestión actual de la Ley en vigor, y del previsible de la aplicación de la normativa en fase de aprobación, si bien Reyes aportó una apreciación respecto al consenso que, a su juicio, merece un texto como el que se debatía. Así hubiese deseado que en la redacción se hubiesen tenido en cuenta a organismos como las Comunidades autónomas y a las administraciones locales, que –entiende‐ tienen mucho que decir en este aspecto.